Las principales economías del mundo decidieron en la última reunión del G20, celebrada el pasado mes de marzo, lanzar una respuesta global y unida frente a la pandemia. A través de dicha iniciativa, denominada acceso al acelerador de herramientas para COVID-19 (ACT-A) los participantes se comprometieron no sólo a la aportación financiera, sino también a incentivar y acelerar la I+D+i en apoyándose en tres pilares: diagnóstico, tratamiento y vacunas para hacer frente a la pandemia originada por el virus SARS-COV-2, guiados bajo el criterio de alcanzar la equidad en el acceso a las nuevas tecnologías, salvar el máximo de vidas, y perseguir la restauración global de la actividad económica y social en el corto plazo, consiguiendo un alto nivel de control de la pandemia en el medio plazo.

En aquel momento se estimó que para alcanzar logros en los tres pilares mencionados serían necesarios hasta un total de 31,3 miles de millones de euros. En torno a ACT-A se aglutinan, además de a gobiernos nacionales, organizaciones intergubernamentales de carácter intermediario en el ámbito de la investigación y desarrollo para la salud como GAVI, Global Fund y otras, además de Organización en el sector filantrópico como BMGF o Wellcome Trust.

En el marco de esta plataforma destaca la iniciativa Covax Facility, liderada por la OMS y por GAVI que, mediante un instrumento financiero basado en el compromiso de deuda soberana de los Estados Nación, persigue obtener los fondos necesarios que garanticen el desarrollo, fabricación, y distribución con criterios de equidad y de acuerdo indicadores de consenso, por la industria farmacéutica de prototipo de vacunas prometedoras.

Este sistema permite compartir riesgos y abaratar los precios mediante la compra conjunta. COVAX Facility parte de una premisa: la vacuna debe ser considerada como un bien público global; además, la seguridad global debe pasar por proteger garantizar el acceso a la vacuna a todos los países.

Los expertos consideran que uno de los temas que suscita mayor debate es el de la equidad de los países en el acceso a la tecnología, concepto determinado fundamentalmente por las inversiones realizadas y por el coste. Cuando se trata de salvar vidas este es uno de los temas más sensibles que surgen a nivel internacional. Si, además, se da el caso actual, donde se habla de vacunas preventivas y de los intereses de los Estados Nación, la preocupación y la tensión es aún más importante.

El posicionamiento de la Unión Europea (UE) en COVAX está aún pendiente de definición. No obstante, la UE lanzó el pasado mes de junio su estrategia propia para la vacuna frente a la COVID-19.

En este sentido, la Comisión Europea, mediante un Comité creado al efecto, busca liderar el proceso y las negociaciones para llegar a acuerdos que, sin renunciar a los principios de equidad, solidaridad y defendiendo el concepto de vacuna como bien público, aporten soluciones que satisfagan las expectativas de los Estados Miembros, evitando así una actuación fragmentada que debilitaría a la UE.

Según ha señalado la propia UE, el objetivo es "asegurar qute todas las personas que necesiten de la vacuna la consigan, en cualquier parte del mundo; nadie estará individualmente seguro hasta que todo el mundo lo esté". La Respuesta Global contra el Coronavirus, lanzada en abril por las autoridades europeas, sigue trabajando para lograr el acceso universal al diagnóstico y los posibles tratamientos y vacunas.

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